El poder en México está distribuido entre diferentes fuerzas representativas de la sociedad, con diferentes grados de legitimidad y con niveles de fuerza para impulsar sus proyectos en función de los votos obtenidos en cada contienda electoral. El mandato de cada gobernante está en función de la participación y del número de votos obtenidos. Por ejemplo, a Felipe Calderón sólo lo votó el 20 por ciento de la población en una elección que ganó apenas con el 0.56 por ciento de diferencia en relación con Andrés Manuel López Obrador. En cambio, por Rubén Moreira votó el 40 por ciento del total de la lista nominal rebasando al candidato del PAN en poco más del 25 por ciento del total de los votos emitidos, con un nivel de participación ciudadana del 61.62 por ciento.
Otro factor que caracterizó la elección de Rubén Moreira es precisamente el grado de participación de la gente y la diferencia de votos con los cuales obtuvo la victoria, aproximadamente 300 mil, lo que condujo a que fuese una elección sin impugnaciones. Los analistas de los procesos político-electorales sostienen que estos contextos sólo se logran porque la gente tiene confianza en los procesos y en las organizaciones electorales, que cuenta con opciones partidistas que representan sus aspiraciones y eso le da valor a su voto. Por otro lado este nivel de legitimidad también asusta y preocupa a los adversarios, quizá por esto, desde temprano los panistas empezaron su guerra sucia contra el dirigente nacional del PRI y contra Peña Nieto el priista mejor posicionado rumbo al 2000.
Coahuila en el 2005 en la elección de gobernador tuvo un nivel de participación del 53.40 por ciento, y en la siguiente contienda en la intermedia de la gestión de Humberto Moreira, en el 2008, la de diputados locales,ni siquiera se rebasó el 40 por ciento de votación. Sin embargo la participación ciudadana en julio de este año fue muy aceptable: 61.62 por ciento. Del total de los votos válidos (un millón 173 mil169) el PRI y el PAN suman el 97.47 por ciento. He aquí uno de los problemas de la democracia coahuilense, los demás partidos apenas se repartieron el 2.53 por ciento. Mientras en otras partes del país la contienda es entre el PRI y el PRD, como es el caso particular del Distrito Federal, esto evidencia sin duda que el poder no está concentrado en las manos de un sólo actor, sino que está distribuido con base en el voto mayoritario de los ciudadanos dejando evidencia de que gozan plenamente de sus derechos políticos.
Esta distribución del poder en Coahuila no ha cambiado mucho a pesar de los diferentes niveles de participación ciudadana en elecciones locales de gobernador. Por ejemplo en el 2005 el PRI obtuvo el 57.06 por ciento con un total de 488 mil 348 votos y el PAN el 33.72 por ciento alcanzando 288 mil 630 votos, mientras que en este año el PRI logró 721 mil 289 votos (61.48 %) y el PAN 422 mil (35.99 %). Tanto el PRI como el PAN crecieron, y la diferencia en porcentaje de votos casi se mantuvo. El PAN nunca ha ganado una elección de gobernador en Coahuila, pero si ha hecho crecer su votación, y la competencia podemos concluir ha elevado el nivel de participación ciudadana a pesar del clima de violencia y de incertidumbre que vivimos, lo que sin duda es bueno para la democracia republicana, pues uno de los grandes retos del momento es el rescate por la ciudadanía de los diferentes ámbitos públicos, como sucedió el pasado sábado en el Territorio Santos Modelo, el juego se llevó a cabo sin problemas.
Este incremento de participación ciudadana en las contiendas electorales es el deseable en la elección del 1 de julio de 2012 en el que estarán en juego el cargo de Presidente de la República, 500 diputados federales, y 128 senadores. Adicionalmente, 11 entidades federativas irán a las urnas y, en esos procesos, se elegirán 4 gobernadores, 561 presidentes municipales (de algunos de los municipios más grandes del país, tanto que en ellos vive poco menos de la mitad de la población nacional, cerca de 50 millones de personas) y los 434 diputados locales que conforman los congresos de esas once entidades. Idealmente, estos cargos debieran ser definidos, de manera libre, responsable e informada, por el mayor número posible de mexicanos. La responsabilidad de elegir nuestros futuros representantes de nuestro país es de la ciudadanía.
Salvador Hernández Vélez
jshvelez@hotmail.com
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