Hace días visitó la Laguna una familiar que vive en Estados Unidos. Le comentaba de la inseguridad aquí en la ciudad de Torreón. Cuando ella se fue a vivir a Flint, Michigan, Torreón era una ciudad muy tranquila, ¿y dónde vives es una ciudad segura? le cuestioné. Me dijo: "allá es más peligroso. El problema del desempleo incrementa la violencia y hay mayor consumo de drogas. Son frecuentes los asaltos en las casas habitación y en los comercios. Y a la situación económica no se le percibe una solución. Las pandillas de jóvenes andan armadas, en Estados Unidos es muy fácil adquirir una arma de alto poder". En nuestro país tenemos la problemática en torno al siniestro del casino Royale. Por un lado está el contubernio entre dueños de casinos y autoridades que les otorgaron los permisos para establecerse, por ejemplo los permisos de la dependencia de Protección Civil según se informó en los medios fueron otorgados a otro giro de negocios. Están apareciendo, los que por medio de la dizque venta de quesos, cobraban las extorsiones. La ausencia de medidas de seguridad del inmueble lamentablemente quedaron evidenciadas. Y falta la adicción de los asistentes consuetudinarios a estas casas de juego que en las apuestas pierden desde la quincena, la colegiatura de los hijos, los abonos a los créditos y cuando ya se les agotó el recurso, hacen todo un "viacrucis" para conseguir un préstamo con un amigo o familiar que no está enterado de su adicción por el juego, pues, ya nadie les quiere prestar. Hay familias donde tener un jugador en la casa implica una tragedia familiar, casi igual que tener un drogadicto o un alcohólico. Hay familiares que cambian sus propiedades a otro nombre porque los adictos o adictas al juego ya las comprometieron para saldar alguna deuda. Esta problemática de los casinos se suma a los costos de la "guerra" contra el crimen organizado. Atentados a negocios mercantiles, sedes policiales y de gobierno; narco-bloqueos de grandes vialidades y puntos carreteros; concurridas movilizaciones de encapuchados; pandillerismo creciente; colgados en los puentes peatonales de las principales de vías de comunicación; los decapitados que dejan en los estacionamientos de los centros comerciales. Y la gente se pregunta de qué han servido los retenes de la policía federal o el patrullaje de los militares y de los efectivos de la Marina. Y ahora en relación con los casinos los cuestionamientos están a la orden del día, ¿quiénes son los dueños? ¿Quién les otorgó los permisos? ¿Los locales en donde están funcionando los casinos cumplen con todos los estándares de seguridad: manuales de protección civil, salidas de emergencia, extintores? ¿Están en regla la concesión y la licencia de funcionamiento? Y surgen preguntas de otro tipo ¿Se atentó contra la seguridad nacional en el lamentable suceso al Casino Royale? ¿O se quiso presionar a las autoridades federales, estatales o municipales? ¿O se pretendía evidenciar a un precandidato a la presidencia de la República, por aquello del fuego amigo? A pesar de todo ello hay que reconocer a las autoridades estatales de Nuevo León: detener a los culpables de estos crímenes no es poca cosa. De hecho, si eso pasara más seguido, otro gallo cantaría. Héctor Aguilar Camín muy atinadamente señaló: "Si esta disposición de los gobiernos locales apoyados por la Federación se generalizara y durara en ejercicio unos meses, nuestra suerte cambiaría. Porque lo que han demostrado los gobernantes de ese estado es no que no podían, sino que no habían decidido poner orden en su territorio con todos los medios a su alcance". Frente a estos actos criminales ahora se exige con toda la razón que es necesario controlar y regular mejor el negocio del juego y las apuestas. Ciertamente, podría tomarse como poca cosa ante la magnitud del problema de violencia que padecemos. Pero no deja de ser algo contradictorio que, por un lado, un gobierno en "guerra" contra el crimen permita el auge de los casinos, sobre todo si consideramos que es bastante propensa al lavado de dinero: de 125 casinos en el año 2000, a un estimado de 790 en la actualidad. El dato sólo puede ser la punta del iceberg que exhibe la fallida estrategia calderonista. Puede parecer poca cosa esto de los casinos, tal vez, pero ya se asoman muchas complicidades y enredos donde podrían estar inmiscuidos muchos operadores gubernamentales.
Salvador Hernández Vélez
jshvelez@hotmail.com
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