En el marco de la problemática actual, la violencia desatada por la guerra que Calderón unilateralmente declaró al crimen organizado, se ha recrudecido el proceso de desintegración social que conlleva la globalización. También ha aumentado el incumplimiento a las reglas mínimas elementales de la convivencia social, tales como faltas de respeto a los espacios asignados a personas con capacidades diferentes. Estos son casos menores, pero son prácticas y actitudes que alientan una impunidad en cadena.
En Torreón hace casi dos años se aprobó un nuevo reglamento de tránsito, que multa a los conductores que hablan por celular. Las sanciones son casi letra muerta. Cada día se observa a más personas violando esta disposición, y como expresaba un joven, “si todos lo hacen, ¿porqué yo no?”. Por el deterioro del ingreso, se ha incrementado la cantidad de vehículos que circulan sin placas. Sin embargo he oído a personas argumentar, “si se les permite circular a los vehículos ilegales con placas extendidas por una organización informal”, “por qué yo no lo puedo hacer sin placas en un vehículo legal”. Otra persona me contó que su carro es legal, y cansado de que los agentes de tránsito lo “muerdan”, obtuvo unas placas de la ONAPPAFA. Y ahora nadie lo molesta. Estas imperceptibles prácticas, conscientes o no, abonan en cierta medida a la cultura de la ilegalidad y de la impunidad.
Cada vez hay más vehículos sin placas estacionados en lugares reservados para personas con discapacidad física. En un centro comercial observé la negativa a un adulto de un joven para que dejara libre el espacio a un vehículo que si portaba la placa correspondiente y trasladaba a una persona en silla de ruedas. En Saltillo con frecuencia los choferes estacionan sus vehículos en sentido contrario, ahora aquí en Torreón esta práctica violatoria se está volviendo común, incluso poco a poco encontramos vehículos estacionados en doble fila, y aún más, en sentido contrario. Todos estos comportamientos tensan las relaciones sociales.
En mis responsabilidades me ha tocado atender personas que gestionan el ingreso de un hijo a una institución de educación superior. En este año atendí más gente con ese problema, la crisis económica las obliga a cambiarlas de escuelas privadas a públicas. Pero ahora, no pedían, exigían que su hijo fuese inscrito. Alegaban que si tal o cual joven había entrado “¿porqué el suyo no'”. En un clima de incumplimiento de la ley y de las normas, la gente considera que está en su derecho a exigir la violación de la norma. Fue difícil que entendieran que las recomendaciones ya no sirven, ahora, sino pasan el examen, no entran.
En el ajetreo de la vida diaria, los impunes de los delitos menores, -de los grandes, es tema aparte-, se los encuentra uno a la vuelta de la esquina, sin el menor recato y en actitud retadora. Para ellos no hay castigo y todavía tienen la desfachatez de considerarse inocentes. En cambio para los ciudadanos en general, las leyes sí existen, la irritación aumenta y la cohesión social se desmorona.
Dejar estos pequeños delitos es extenderlos en la práctica en proporción geométrica. Esto resquebraja el fundamento de la sociedad y socava la confianza en la ley. El hecho de que estos delitos menores, descritos líneas arriba, habitualmente no sean castigados, contribuyen con la impunidad de facto. Según Julio Scherer Ibarra la impunidad de facto nace y se desarrolla por causas y acciones distintas: “a) La imposibilidad material por parte de los órganos del Estado para acreditar al infractor como un agresor de la ley; b) La astucia del infractor para evitar la sanción que merece; c) La negligencia por parte de los órganos de gobierno para demostrar la culpabilidad del infractor de la ley y d) La decisión para evitar que el infractor sea sancionado, esto es, la complicidad entre la autoridad y el delincuente”.
Lo más grave es la pasividad con que enfrentamos como sociedad estos hechos que propician el desorden público. Ya sea porque los comentamos al ras de la mesa, o tratamos de “arreglar” la ley. De seguir con estas prácticas poco podemos hacer en bien de la justicia y de la sana convivencia. Lo más preocupante, en estos días, es el descrédito del calderonismo por la incapacidad de la PGR en el caso del michoacanazo. Y lo peor, el uso de la ley como ariete político contra sus adversarios, en nada abona al diálogo entre el gobierno y la oposición, ni a hacer conciencia en la sociedad para acabar con la impunidad.
En Torreón hace casi dos años se aprobó un nuevo reglamento de tránsito, que multa a los conductores que hablan por celular. Las sanciones son casi letra muerta. Cada día se observa a más personas violando esta disposición, y como expresaba un joven, “si todos lo hacen, ¿porqué yo no?”. Por el deterioro del ingreso, se ha incrementado la cantidad de vehículos que circulan sin placas. Sin embargo he oído a personas argumentar, “si se les permite circular a los vehículos ilegales con placas extendidas por una organización informal”, “por qué yo no lo puedo hacer sin placas en un vehículo legal”. Otra persona me contó que su carro es legal, y cansado de que los agentes de tránsito lo “muerdan”, obtuvo unas placas de la ONAPPAFA. Y ahora nadie lo molesta. Estas imperceptibles prácticas, conscientes o no, abonan en cierta medida a la cultura de la ilegalidad y de la impunidad.
Cada vez hay más vehículos sin placas estacionados en lugares reservados para personas con discapacidad física. En un centro comercial observé la negativa a un adulto de un joven para que dejara libre el espacio a un vehículo que si portaba la placa correspondiente y trasladaba a una persona en silla de ruedas. En Saltillo con frecuencia los choferes estacionan sus vehículos en sentido contrario, ahora aquí en Torreón esta práctica violatoria se está volviendo común, incluso poco a poco encontramos vehículos estacionados en doble fila, y aún más, en sentido contrario. Todos estos comportamientos tensan las relaciones sociales.
En mis responsabilidades me ha tocado atender personas que gestionan el ingreso de un hijo a una institución de educación superior. En este año atendí más gente con ese problema, la crisis económica las obliga a cambiarlas de escuelas privadas a públicas. Pero ahora, no pedían, exigían que su hijo fuese inscrito. Alegaban que si tal o cual joven había entrado “¿porqué el suyo no'”. En un clima de incumplimiento de la ley y de las normas, la gente considera que está en su derecho a exigir la violación de la norma. Fue difícil que entendieran que las recomendaciones ya no sirven, ahora, sino pasan el examen, no entran.
En el ajetreo de la vida diaria, los impunes de los delitos menores, -de los grandes, es tema aparte-, se los encuentra uno a la vuelta de la esquina, sin el menor recato y en actitud retadora. Para ellos no hay castigo y todavía tienen la desfachatez de considerarse inocentes. En cambio para los ciudadanos en general, las leyes sí existen, la irritación aumenta y la cohesión social se desmorona.
Dejar estos pequeños delitos es extenderlos en la práctica en proporción geométrica. Esto resquebraja el fundamento de la sociedad y socava la confianza en la ley. El hecho de que estos delitos menores, descritos líneas arriba, habitualmente no sean castigados, contribuyen con la impunidad de facto. Según Julio Scherer Ibarra la impunidad de facto nace y se desarrolla por causas y acciones distintas: “a) La imposibilidad material por parte de los órganos del Estado para acreditar al infractor como un agresor de la ley; b) La astucia del infractor para evitar la sanción que merece; c) La negligencia por parte de los órganos de gobierno para demostrar la culpabilidad del infractor de la ley y d) La decisión para evitar que el infractor sea sancionado, esto es, la complicidad entre la autoridad y el delincuente”.
Lo más grave es la pasividad con que enfrentamos como sociedad estos hechos que propician el desorden público. Ya sea porque los comentamos al ras de la mesa, o tratamos de “arreglar” la ley. De seguir con estas prácticas poco podemos hacer en bien de la justicia y de la sana convivencia. Lo más preocupante, en estos días, es el descrédito del calderonismo por la incapacidad de la PGR en el caso del michoacanazo. Y lo peor, el uso de la ley como ariete político contra sus adversarios, en nada abona al diálogo entre el gobierno y la oposición, ni a hacer conciencia en la sociedad para acabar con la impunidad.
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