La calidad democrática en el país se acota en parte por los problemas que se presentan en las jornadas electorales En julio pasado hubo: equivocada ubicación de casillas -en muchos casos los ciudadanos tienen que recorrer tramos largos-, cambios de domicilio de varias casillas sin informar a los electores, otras abrieron tarde, incluso algunas no se abrieron. También se presentaron irregularidades como propaganda velada de partidos y actos proselitistas, agresiones y robo de documentos. Hay denuncias por uso de programas para coaccionar el voto, lo que también afecta la democracia. En Torreón, por ejemplo, en la elección de 2003, en las intermedias para diputados federales, el TRIFE anuló el triunfo del candidato del PAN porque en opinión de los magistrados hubo coacción del voto y uso de programas sociales por las autoridades municipales panistas que encabezaba Memo Anaya.
En la elección de 2006, salió triunfante Calderón, de panzazo. Fox usó todos los recursos de la presidencia para hacer ganar a su candidato. Los partidos políticos en su momento presentaron ante los tribunales electorales sus denuncias e inconformidades pero estos no actuaron frente al poder del ejecutivo, utilizaron la política del dejar hacer, dejar pasar. Y así fue como ganó Calderón. La precariedad y las vacilaciones de las instancias electorales que deben dirimir las controversias aportaron su cuota para la disminución de la calidad democrática. Y esto quiérase o no, abona al clima público de franco escepticismo.
En el marco de estas violaciones a la ley, ahora se da otra más preocupante. A partir de las declaraciones de uno de los hombres más importantes de la iglesia, el Cardenal Sandoval, la Arquidiócesis Primada de México convoca a castigar en las urnas a los partidos que están en contra de la iglesia, y sin el más mínimo respeto al Estado laico declara: “Los bautizados tienen la obligación moral de ejercer en las próximas elecciones un voto serio y responsable para evitar que algunos políticos y partidos sigan atentando en contra de la fe y la moral que los cristianos hemos recibido de nuestros padres”.
Sobre este asunto de las declaraciones calumniosas e ilegales del cardenal, está pues la intervención de la Arquidiócesis en la esfera político-electoral. La actitud del gobierno de Calderón, en particular de la Secretaría de Gobernación, ante las trasgresiones a los artículos 130 de la Constitución y al 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, señalan explícitamente que los ministros de culto no podrán “realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación alguna” —pudiendo esta ley sancionar con multa de hasta 20 mil días de salario mínimo—; y al artículo 404 del Código Penal Federal, que impone una multa de hasta 500 días de salario mínimo a los ministros de culto que “induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político”, esto también, es dejar pasar.
Igualmente es sospechoso el silencio del IFE por la violación al artículo 353 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que prohíbe a las iglesias “la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos”. Esto vislumbra una estrategia de la cúpula católica a favor del partido con el que comulga y con el que se alineara una vez iniciada la coyuntura electoral. Si desde ahora no se le marca un alto a estas intromisiones de la iglesia en los asuntos político-electorales la posición de la jerarquía católica se irá endureciendo en contra de los otros partidos.
Hoy más que nunca frente a la contienda electoral de 2012 hay que exigir el cumplimiento del respeto a la Constitución: defensa del Estado laico y separación del Estado-iglesias. Para los comicios del próximo año habrá que analizar los riesgos que amenazan el clima de la participación en las elecciones: la situación de violencia prevaleciente como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado y hay que cuidar las intromisiones como la del ejecutivo federal, así como de las iglesias y de los grupos del crimen organizado.
Las gubernaturas en disputa para el 2011 no están gobernadas por Acción Nacional. Guerrero, Baja California Sur y Michoacán, están en manos del PRD; Nayarit, Estado de México y Coahuila están gobernadas por priistas. Por lo que es previsible que el ejecutivo federal y el PAN concentren todos sus instrumentos para hacer ganar a sus candidatos. Irán con todo. Ya hay denuncias de organizaciones sociales sobre el uso electoral de los programas Oportunidades y Habitat ¿Dejarán pasar las denuncias y las quejas, con tal de ganar?
jshvelez@hotmail.com
En la elección de 2006, salió triunfante Calderón, de panzazo. Fox usó todos los recursos de la presidencia para hacer ganar a su candidato. Los partidos políticos en su momento presentaron ante los tribunales electorales sus denuncias e inconformidades pero estos no actuaron frente al poder del ejecutivo, utilizaron la política del dejar hacer, dejar pasar. Y así fue como ganó Calderón. La precariedad y las vacilaciones de las instancias electorales que deben dirimir las controversias aportaron su cuota para la disminución de la calidad democrática. Y esto quiérase o no, abona al clima público de franco escepticismo.
En el marco de estas violaciones a la ley, ahora se da otra más preocupante. A partir de las declaraciones de uno de los hombres más importantes de la iglesia, el Cardenal Sandoval, la Arquidiócesis Primada de México convoca a castigar en las urnas a los partidos que están en contra de la iglesia, y sin el más mínimo respeto al Estado laico declara: “Los bautizados tienen la obligación moral de ejercer en las próximas elecciones un voto serio y responsable para evitar que algunos políticos y partidos sigan atentando en contra de la fe y la moral que los cristianos hemos recibido de nuestros padres”.
Sobre este asunto de las declaraciones calumniosas e ilegales del cardenal, está pues la intervención de la Arquidiócesis en la esfera político-electoral. La actitud del gobierno de Calderón, en particular de la Secretaría de Gobernación, ante las trasgresiones a los artículos 130 de la Constitución y al 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, señalan explícitamente que los ministros de culto no podrán “realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación alguna” —pudiendo esta ley sancionar con multa de hasta 20 mil días de salario mínimo—; y al artículo 404 del Código Penal Federal, que impone una multa de hasta 500 días de salario mínimo a los ministros de culto que “induzcan expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político”, esto también, es dejar pasar.
Igualmente es sospechoso el silencio del IFE por la violación al artículo 353 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que prohíbe a las iglesias “la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos”. Esto vislumbra una estrategia de la cúpula católica a favor del partido con el que comulga y con el que se alineara una vez iniciada la coyuntura electoral. Si desde ahora no se le marca un alto a estas intromisiones de la iglesia en los asuntos político-electorales la posición de la jerarquía católica se irá endureciendo en contra de los otros partidos.
Hoy más que nunca frente a la contienda electoral de 2012 hay que exigir el cumplimiento del respeto a la Constitución: defensa del Estado laico y separación del Estado-iglesias. Para los comicios del próximo año habrá que analizar los riesgos que amenazan el clima de la participación en las elecciones: la situación de violencia prevaleciente como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado y hay que cuidar las intromisiones como la del ejecutivo federal, así como de las iglesias y de los grupos del crimen organizado.
Las gubernaturas en disputa para el 2011 no están gobernadas por Acción Nacional. Guerrero, Baja California Sur y Michoacán, están en manos del PRD; Nayarit, Estado de México y Coahuila están gobernadas por priistas. Por lo que es previsible que el ejecutivo federal y el PAN concentren todos sus instrumentos para hacer ganar a sus candidatos. Irán con todo. Ya hay denuncias de organizaciones sociales sobre el uso electoral de los programas Oportunidades y Habitat ¿Dejarán pasar las denuncias y las quejas, con tal de ganar?
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