El denominador común de las oleadas de violencia parece ser la aparición de actores armados diferentes a las guerrillas o a los grupos paramilitares de los años 80 y 90, que no han podido ser clasificados; este tipo de actores evidencia la presencia de un tipo diferente de conflicto. Una característica es que las bandas o ejércitos relacionados con el narcotráfico pretendan garantizar las condiciones de seguridad para una economía ilegal cuyo objeto es la producción o movilidad de la mercancía.
Esta afirmación no explica del todo la injerencia creciente en los ámbitos públicos, la utilización de determinados tipos de violencia y las formas de relaciones sociales derivadas de su presencia en el territorio. Tampoco puede explicar del todo la necesidad de control territorial o de población como un objetivo a alcanzar por grupos del crimen organizado. Si hay algo que nunca ha atacado de forma contundente las diferentes políticas antinarcóticos es el impacto de los ejércitos privados y grupos armados en la estructura estatal. Ninguna formación de estas características tiene capacidad tal para competir con los Estados en el monopolio de la fuerza. Precisamente la complejidad del problema radica en la capacidad de negociación del Estado para absorber y gestionar los ejércitos privados de tal forma que, aunque impacte la estructura del Estado, se conserve el equilibrio institucional.
De esta forma, en la lógica de este tipo de conflicto, el recurso más importante a controlar no es la economía ilegal misma, ni los corredores o tránsitos del tráfico de drogas, o incluso el acceso a recursos, sino la población perteneciente al territorio, a la que se accede ya sea con el uso exclusivo de la fuerza, el terror, la cooptación o la seducción. Para entender estos fenómenos hay que explorar al interior de la dinámica de relación de ejércitos privados y población civil.
En el caso del narcotráfico en Colombia, Gustavo Duncan asegura que este tipo de formaciones se presentaron bajo la forma de "señores de la guerra" y llegaron a incidir hasta lograr reconfigurar territorios enteros por medio de la suplantación de la función pública y el establecimiento de un férreo control de las relaciones económicas, sociales y políticas. Si el objetivo inmediato es la seducción de la población establecida para estabilizar su presencia en el territorio, la violencia suele ser selectiva y encaminada a romper el tejido social asociativo, a diferencia de cuando el objetivo implica una relación de subordinación, momento en el cual es mucho más frecuente la recurrencia a masacres y actos violentos que generen terror entre la población.
A un interés particular –como puede ser el aumento de rentas por un negocio ilícito– se le suma la existencia del soborno o la corrupción para llevar la droga al otro lado de la frontera, y diversifican su negocio con lavado de activos, tráfico de armas, personas inmigrantes, e incluso con captura de rentas públicas. La cultura del narcotráfico se presenta en lugares con una alta desregularización del mercado laboral, alta inserción en mercados internacionales lícitos, altos niveles de desempleo, subempleo y economías ilegales medianas que permiten a pequeños empresarios criminales acceder a grandes capas de población y distribuir rentas para crear lealtades. En este contexto, la principal preocupación debe ser la recuperación regional de un tejido social fuerte que agencie resistencia contra el fenómeno y tenga alta capacidad de inclusión social por encima de las economías ilícitas.
Salvador Hernández Vélez
jshvelez@hotmail.com
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